De acuerdo con el gremio, es inconveniente, precipitado e inoportuno la intención de otorgarle facultades legislativas al Poder Ejecutivo para una nueva Ley de Contrataciones del Estado.
La Cámara Peruana de la Construcción, (Capeco) sostuvo que es indispensable modificar “radicalmente” el actual modelo de contratación del Estado. Según el gremio, este “no permite seleccionar las propuestas de mejor calidad, ni protege adecuadamente los recursos estatales, otorga excesiva discrecionalidad a los funcionarios encargados de los procesos de licitación y es absolutamente permeable a la corrupción”.
Capeco indicó que, a pesar de que esta normativa ha sido modificada en los últimos años, no ha resuelto los problemas, sino que los “agravó sistemáticamente”. Asimismo, señaló que una de las razones de esta situación es “que todas las iniciativas legislativas fueron promovidas casi exclusivamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, con muy poca participación de los agentes públicos y privados que intervienen en la contratación estatal”.
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“Una reforma de esta magnitud requiere un amplio consenso que incluya al Poder Ejecutivo, al Legislativo y a instituciones de la sociedad civil vinculadas a las compras y contrataciones públicas, para lo cual es indispensable constituir una instancia de diálogo institucionalizado, que sea liderada por el Congreso de la República. De lo contrario corremos el riesgo de aprobar una norma que refleje una visión unidimensional de este complejo asunto que, como en los casos anteriores, solo terminará profundizando los problemas”, subrayó el gremio.
En ese sentido, Capeco anunció que considera muy precipitado conceder al Poder Ejecutivo la facultad de aprobar esta ley en un plazo máximo de 90 días, debido a que- estima el gremio- este tiempo es insuficiente para discutir e implementar los cambios radicales que se requieren para que el Estado contrate bien y gestione eficientemente los bienes, servicios y obras que adquiere.
Igualmente, Capeco señaló que es inoportuno realizar hoy esta reforma, porque una vez aprobada la Ley deberá ser reglamentada, por lo que empezará a regir justo en el momento en que las autoridades regionales y municipales se encontrarán en los últimos meses de gestión, postergando los procesos de contratación y afectando los niveles de ejecución presupuestal.
“Es más apropiado que la nueva normativa comience a aplicarse una vez que asuman las autoridades subnacionales que se elijan en noviembre del 2022, y luego de un extendido proceso de inducción”, refirió.
Finalmente, el gremio aseguró que su propuesta de impulsar un amplio diálogo público-privado para discutir los alcances de esta reforma no solo es deseable, sino que no retrasa el plazo para su oportuna puesta en marcha y eficiente implementación.
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