El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe presentó el informe RED 2025 sobre el rol de los gobiernos subnacionales para el cierre de brechas. Si bien, la expansión de estos ha acompañado el crecimiento poblacional, esto no ha implicado necesariamente una mejora en la gestión pública.
El reporte de la CAF tiene como objetivos documentar el panorama de los gobiernos subnacionales sobre sus atribuciones, recursos y prácticas. Y por otro lado, identificar oportunidades para el desarrollo de capacidades a fin de la mejorar los servicios.
Desde Brasilia (Brasil). Aunque es uno de los países más extensos de América Latina, Perú apenas ejecuta el 20% del gasto público total a través de sus gobiernos subnacionales, muy por debajo de naciones más descentralizadas, según revela el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2025 de la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.
El informe denominado “El papel de los gobiernos locales y regionales en América Latina y el Caribe” pone el foco en el rol que deben jugar las municipalidades y gobiernos regionales para cerrar brechas sociales y territoriales, mejorar los servicios públicos y responder mejor a desafíos como el cambio climático o la violencia urbana.
El gasto público se refiere a los desembolsos que realiza el Estado para financiar servicios públicos como salud, educación, seguridad, infraestructura entre otros. También incluye gastos corrientes (salarios y prestaciones a servidores públicos).
Verónica Frisancho, economista peruana y gerente de Conocimiento de la CAF, indicó a La República que el Perú es un caso particular de la estructura compleja por los niveles de gobierno que existen.
“Hay ámbitos donde la distribución de funciones no está del todo clara. El reto central del caso peruano es que casi el 90% de los ingresos en promedio de los gobiernos regionales y locales son transferencias (del gobierno central) y que estas no han tenido la predictibilidad para una planeación más a largo plazo”, indicó.
Frisancho sostiene que el gobierno central tiene un rol importante en las transferencias a lo largo y ancho del territorio, pero “hay una necesidad urgente que el gobierno mismo apoye en generar la institucionalidad que le permita a los gobiernos regionales y municipales tener más autonomía tributaria y fiscal en cuanto a la recaudación de ingresos propios”.
En el caso peruano, la descentralización ha avanzado nominalmente (Perú tiene 25 gobiernos regionales y 2.087 municipalidades) pero aún persisten graves problemas de “solapamiento” (duplicación) de funciones, como ocurre en la gestión de la educación primaria, donde las responsabilidades asignadas a municipios y gobiernos regionales no están claramente delimitadas entre lo que dice la norma y lo que ocurre en la práctica. “La falta de claridad respecto a la autoridad responsable puede generar ineficiencias y afectar la calidad de la provisión de los servicios”, señala el documento.
Además, los ingresos propios de los gobiernos subnacionales representan menos del 20 % de sus recursos, lo que los hace altamente dependientes de transferencias del gobierno central. Esto se agrava con capacidades técnicas e institucionales limitadas, y una marcada desigualdad entre territorios.
Recordemos que en 2024, el gasto público total a nivel nacional ascendió a S/239.838 millones, un 7,5% más respecto del total ejecutado en 2023. El Gobierno nacional registró S/143.171 millones, con un aumento del 5,3% de su gasto público. Mientras que los Gobiernos locales ejecutaron S/39.832 millones, un 10,3% más que lo registrado el año previo, mientras que los Gobiernos regionales gastaron S/56.834 millones (+11,5%).
Los sectores que demostraron un mejor desempeño presupuestal relativo a nivel de los Gobiernos regionales fueron educación y salud, con porcentajes de ejecución del 98% y 97%, respectivamente. Por su lado, las municipalidades evidencian mayor ejecución en la función orden público y seguridad (87%), y ya en segundo orden están el resto, empezando por salud (74%).
La descentralización en América Latina: avances y retos
“Cuando hablamos de América Latina y el Caribe pensamos en 33 países, pero estamos hablando en realidad de más de 18.000 gobiernos: municipales, provinciales, departamentales”, explicó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF. Por ello, remarcó, es clave evaluar qué están haciendo estos gobiernos y cómo pueden fortalecerse desde el territorio.
El informe señala que, en promedio, los gobiernos locales y regionales manejan el 20 % del gasto público en la región, aunque en países federales esta cifra puede llegar hasta el 50 %. No obstante, ese gasto es en gran parte corriente, destinado a servicios como salud, educación y seguridad, que implican grandes planillas de personal.
“De hecho, en los países más descentralizados, esas tres áreas funcionales representan casi el 50% del gasto subnacional. Mucho de ese gasto ocurre a nivel de gobiernos regionales”, señala el banco multilateral.
El caso peruano no es aislado. La investigación también evidencia grandes brechas de desarrollo entre regiones dentro de un mismo país, con diferencias de hasta 30 puntos porcentuales en incidencia de pobreza, como ocurre en Perú, Bolivia, Brasil, Colombia y México. Estas desigualdades requieren una política de desarrollo territorial mucho más ambiciosa y coordinada, remarca la CAF.
La propuesta del organismo multilateral incluye mejorar los marcos normativos, alinear mejor los incentivos de financiamiento, y sobre todo crear capacidades técnicas en los gobiernos subnacionales. Para ello, recomienda impulsar espacios de gobernanza multinivel que integren con mayor eficacia a los distintos niveles del Estado.
Aunque la expansión de gobiernos locales en América Latina ha ido de la mano del crecimiento poblacional, esto no ha significado necesariamente una mejor gestión pública. En países como Argentina, Brasil y Perú, los gobiernos subnacionales ejecutan más del 50 % de la inversión pública, pero sin una visión clara de coordinación y autonomía efectiva, el impacto sigue siendo limitado.
Aunque los gobiernos subnacionales participan de más del 50 % de la inversión pública en Perú, en términos del gasto público total su participación sigue siendo baja, cercana al 20 %, una muestra de la limitada autonomía fiscal y operativa.
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Fuente: La República
