Comunicado de Capeco, ADI Perú y ASEI.
Ante el arbitrario anuncio del retiro y cierre de cuatro operaciones mineras en la región Ayacucho, así como la notificación de que no habrá ninguna ampliación para procesos de explotación y exploración impuestos por la Presidencia del Consejo de Ministros; la Cámara Peruana de la Construcción – Capeco, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú – ADI Perú y la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú – ASEI, invocan al Gobierno Central mostrar coherencia entre sus mensajes e invitaciones a invertir en el Perú, frente a medidas que atentan contra la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, necesarios para promover inversiones en nuestro país.
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Al respecto, exigimos lo siguiente:
1.- Solucionar de inmediato un problema que requiere diálogo y acuerdos entre las partes. Esto no ha ocurrido con el anuncio del retiro y cierre de las unidades mineras Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa, en Ayacucho. El anuncio constituye una posición política y arbitraria impuesta por el gobierno sin un diálogo amplio con todas las partes, sin sustento legal y técnico de las instancias públicas con competencias sobre la actividad minera, y sin la debida notificación a las empresas involucradas. Todo esto impacta negativamente en la seguridad jurídica necesaria para atraer y mantener inversiones en nuestro país.
2.- Evitar el clima de incertidumbre que generan las inconsistencias entre el discurso y las acciones concretas del presidente de la república, la presidenta del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas. No es la primera vez que ocurre. El criterio impuesto en estas medidas genera un peligroso precedente para que el gobierno central intervenga con fines políticos en cualquier actividad económica del país.
3.- Requerimos a nuestras autoridades respetar las reglas de juego y generar consensos con todos los actores, a través de un diálogo sostenido con las empresas involucradas. Exigimos asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y rechazar cualquier acto de violencia que impida el normal desarrollo de las operaciones privadas.
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